Tras la detención de los fotógrafos de prensa Raúl Capín y
Adolfo Luján (freelance) el pasado 22 de mayo a la salida de su casa con
la falsa acusación de "agredir a varios agentes en manifestaciones", el
gobierno Rajoy quiere estrechar el cerco contra los testigos gráficos
de los frecuentes abusos policiales observados en las numerosas
manifestaciones que tienen lugar todos los días en varias ciudades.
Según la redacción de Más Voces, el Ministerio del
Interior español planea elaborar una lista de informadores gráficos y
audiovisuales (fotógrafos y cámaras, principalmente) en la cual estén
registrados sus datos personales, de forma que sólo aquellos
profesionales que estén acreditados en dicha lista podrán obtener el
chaleco blanco de prensa. Aquellas personas que acudan a cubrir
informaciones en eventos tales como manifestaciones y protestas y no
lleven puesto el chaleco no podrán acceder a la grabación o toma de
imágenes y podrán ser interpelados por las fuerzas de seguridad.
Según las fuentes que maneja Más Voces, la mesa de valoración que
está tratando este asunto, y que previsiblemente se va a reunir esta
misma semana, está compuesta por diferentes comisarios entre los que se
encuentra el coordinador de policías autonómicas, lo cual puede suponer
que esta lista también sea registrada no sólo en Madrid, sino también en
lugares como Catalunya o Euskadi.
Esta preocupante información para el derecho a la comunicación y la
democracia llega en un contexto en el que varios medios de comunicación
convencionales como los periódicos ABC, La Razón y El Mundo han
denunciado que, según sus versiones, "falsos fotógrafos se infiltran en
las manifestaciones para enfrentarse a la policía", cuando en realidad
se trataba de fotoperiodistas freelance o informadores de medios
alternativos y ciudadanos sin ninguna connivencia con los poderes
políticos ni económicos, tales como Raúl Capín o Alfonso Luján, que
fueron detenidos recientemente cuando ejercían su profesión de
fotógrafos.
La instauración de un registro de periodistas no se había producido
en el Estado español desde que en el año 1982 se canceló aquel que había
sido creado en 1939 (del cual el dictador Francisco Franco poseía el
carné número uno) y ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.
Dicho registro de la Dictadura franquista estaba integrado en el
Servicio Nacional de Prensa y para formar parte de él los periodistas
eran investigados previamente en sus antecedentes, así como en sus
situaciones profesionales y personales. La inscripción en aquel registro
era imprescindible para poder ejercer la profesión en aquellos años.
Pues bien, eso es lo que ahora pretende rescatar el Gobierno del
Partido Popular y que según analistas consultados por Más Voces entraría
en conflicto con la democracia y con el Artículo 20 de la Constitución
donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el
Artículo 20 señala que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Y el hecho de señalar quién puede y quién no informar por ejemplo en
una manifestación o protesta ciudadana es, precisamente, un ejercicio de
censura previa por parte del Gobierno.
Pero analicemos la información. Intentemos profundizar sobre qué le
preocupa al Gobierno y por qué estudia hacer un registro controlado por
el poder político para determinar quién pude y quién no ejercer el
derecho a comunicar información.
En el Estado español, en tiempo de crisis y con recortes que echan
por tierra derechos conseguidos por la ciudadanía durante décadas, las
protestas ciudadanas están demostrando que la sociedad civil es capaz de
organizarse, de protestar y de hacer propuestas.
Sin embargo, las acciones de la población indignada no tienen el eco
que deberían en los medios de comunicación corporativos y públicos. Y es
ahí donde aparecen los medios ciudadanos que están reflejando con
constancia y veracidad la realidad de lo que está pasando.
Pero es que además, cuando la sociedad civil se organiza el poder
político tiende a criminalizar la protesta. Y ya conocemos múltiples
casos en los que las manifestaciones están siendo represaliadas
brutalmente y con total impunidad con el uso de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. No hace falta recordar las imágenes y vídeos
reproducidos en todo el mundo de policías golpeando a manifestantes y a
los partidos políticos de la oposición criticar la violencia policial.
Y en ese contexto se desarrolla el periodismo ciudadano, comunitario,
independiente, que no es nada nuevo, lo que es novedoso es la
apropiación de la tecnología que hace ir más allá de lo que se venía
haciendo, y que permite cubrir lo que otros medios silencian y
visibiliza las agresiones que antes nadie podía demostrar. Ahora cuando
la policía actúa desproporcionadamente queda grabado por teléfonos
móviles, tablets o cámaras en manos de la gente.
Pensamos que precisamente eso es lo que le preocupa al Gobierno, por
un lado que haya personas que tengan la capacidad de retransmitir para
el mundo, y en tiempo real cualquier tipo de abuso por parte de las
autoridades. Y por otro lado, en las manifestaciones se producen
detenciones. Las personas detenidas están usando las imágenes y vídeos
que demuestran su inocencia y por eso se están resolviendo con
absoluciones judiciales estas detenciones, poniendo en clara evidencia a
la actuación policial y de los mandos políticos que les mandan.
A las retransmisiones conjuntas de radios comunitarias, ahora se suma
la novedad de la retransmisión en directo y en vídeo a través de
teléfonos móviles y tablets, que son emitidas y replicadas por multitud
de paginas web y portales informativos independientes. Susana Sanz es
activista del Movimiento 15-M, y sus retransmisiones en directo a través
de la plataforma Bambuser, están siendo replicadas y seguidas por miles
de personas. Es el nacimiento de una nueva era, la era del periodismo
ciudadano de alta tecnología, en tiempo real, que ya es conocido por el
poder político y los mandos policiales. Con lo cual, se torna en una
herramienta fundamental para que la verdad nunca sea silenciada por los
poderosos.
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